Enero 3 de 2021

Atlas juncao baixa_r04 de Gladys Clavijo

 

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Se entregan miles de hectáreas de bosque a empresa que es 

investigada por tráfico de maderas en Perú

Loreto es la región amazónica más grande e importante del Perú. En esta región de vastos bosques primarios, ubicada en la frontera con Brasil y Colombia, desde noviembre de 2015, tres fiscalías ambientales investigan a la empresa Inversiones La Oroza, y a otras 10 compañías madereras, por el presunto delito de tráfico ilegal de madera. En aquel mes las autoridades forestales inmovilizaron 1.300 metros cúbicos de madera (el equivalente a 60 camiones de carga) en la embarcación Yacu Kallpa, cuando el cargamento estaba a punto de salir del puerto de Iquitos, atravesar el río Amazonas, y salir al Atlántico hacia México y Estados Unidos. El 97% de la madera que ese barco llevaba era de origen ilegal.

Hoy tres fiscalías del Perú están listas para presentar sus requerimientos de acusación contra las empresas involucradas, confirmó a OjoPúblico el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán. En total son 52 carpetas fiscales, que involucran a 11 compañías madereras y 125 personas, entre trabajadores y representantes legales de las compañías. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas (Loreto), a cargo de Yusen Caraza, tiene a cargo 35 carpetas fiscales; mientras que la fiscalía de Nauta, liderada por el fiscal Félix Castro, tiene 15 carpetas. Las otras dos están bajo responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas. 

De toda la madera que el Yacu Kallpa llevaba, Inversiones La Oroza era dueña del 80%. La madera que se le confiscó no provenía de las concesiones de dicha empresa, sino que había sido comprada a terceros. “Las inspecciones en campo comprobaron que habían usado guías de transporte forestal para movilizar madera ilegal, y que no correspondía con las concesiones que ellos presentaron”, resume Rolando Navarro, exjefe de Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

 

Le entregaron más concesiones

 A pesar de la investigación penal en marcha, y de que el caso Yacu Kallpa es uno de los más emblemáticos en la lucha contra el tráfico global de madera amazónica, el Gobierno Regional de Loreto le entregó, entre 2016 y 2019, cinco concesiones forestales adicionales en los distritos de Mazán, Las Amazonas e Indiana, en la provincia de Maynas. OjoPúblico accedió a la información y el expediente que confirma que las áreas concesionadas corresponden a 177.285 hectáreas de bosques, las mismas que fueron entregadas por un tiempo de 40 años.

Hasta el 2015, cuando se produjo la intervención, la empresa contaba solo con una concesión de 17.014 hectáreas, ubicada en el distrito de Indiana (Las Amazonas). Esta fue entregada en 2004 por la exadministración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFF) de Loreto. Las concesiones otorgadas entre 2016 y 2019 se realizaron después del caso Yacu Kallpa y del inicio de las investigaciones contra la empresa por tráfico ilegal de madera. 

En 2017 La Oroza fue impedida por el gobierno de Estados Unidos para exportar madera hacia ese país. Sin embargo, ese mismo año obtuvo dos concesiones por parte del exdirector ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, Rildo Rojas Tuanama, durante la gestión del entonces gobernador regional Fernando Meléndez Celis. Actualmente Meléndez Celis es congresista por Alianza Para el Progreso y enfrenta una investigación por presuntos delitos ambientales vinculados al caso Tamshi (deforestación). Un año antes el Gobierno Regional de Loreto le había entregado otra concesión a La Oroza, de casi 7 mil hectáreas en el distrito Las Amazonas, provincia de Maynas.

Las otras dos concesiones se entregaron el año pasado, y fueron avaladas por el actual gerente regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, Kenjy Teran Piña. Este funcionario es investigado desde el año 2010 por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto en cuatro procesos penales, diferentes a los de La Oroza, por los delitos de tráfico ilegal de madera y otorgamiento ilegal de derechos. El actual gobernador regional de Loreto es Elisbán Ochoa Sosa, del partido político Restauración Nacional.

Consultado sobre porqué le entregaron concesiones forestales a una empresa investigada, Teran Piña dijo a OjoPúblico que lo hicieron porque “en este caso [aunque la empresa] está investigada (...) sí cumplía con todos los requisitos: tiene capacidad financiera, capacidad técnica, no tiene ninguna sentencia, ni ningún impedimento. Según los requisitos, no se le puede entregar solo si estuviera sentenciada. Pero eso no ha ocurrido”.

Para el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, “Loreto es la región que provee más madera de origen ilegal en nuestro país”. El funcionario remarcó la importancia que tienen los gerentes forestales de la Amazonía en la lucha contra la tala ilegal. “Lamentablemente, casi todos están investigados por delitos ambientales. Y, donde haya menos institucionalidad y transparencia, allí anida la corrupción”, señaló.  

Sobre sus investigaciones fiscales, Kenji Teran dijo que está buscando la prescripción de los casos, pues ya han pasado más de 10 años. “En otra investigación que tiene el fiscal Caraza (de la Fiscalía Ambiental) espero que también se archive y, luego, denunciaré a la reportera (local) que difundió esa información [denuncia por otorgamiento ilegal de derechos]”, aseguró.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), consideró que los gobiernos regionales deberían investigar las capacidades de las empresas a las que otorga concesiones. “Si ve que tiene concesiones anuladas, caducas o que han sido mal manejadas, pues ya no se les debería otorgar más”, indicó.

En agosto de este año, el Ministerio de Cultura reiteró la solicitud de nulidad de 78 concesiones forestales entregadas desde el 2004 por el Gobierno Regional de Loreto y que se superponen a reservas indígenas en trámite de creación a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Dos de estas concesiones corresponden a Inversiones La Oroza, y fueron otorgadas en 2004 y 2016 respectivamente.

Un mes antes la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) presentó una acción de amparo contra la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre y el Gobierno Regional de Loreto, entidades que promueven la reactivación económica de concesiones forestales superpuestas al territorio de las reservas indígenas en proceso de creación.

 

En noviembre de este año, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto informó que incluyó 169 concesiones forestales en un proyecto de reactivación económica. Tres corresponden a La Oroza, sin embargo, una de ellas se superpone a una reserva indígena en creación y fue excluida. Las otras dos (otorgadas en 2017) sí resultaron beneficiadas.

Nuevos destinos, menos ventas

Ni las investigaciones en marcha ni la prohibición de exportar hacia Estados Unidos desde el 2017 han impedido a La Oroza continuar exportando madera. OjoPúblico construyó una base de datos a partir de la información de Aduanas con las exportaciones de las 11 empresas investigadas por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de Loreto en el caso Yacu Kallpa y comprobó que, si bien la mayoría de ellas disminuyeron sus envíos de madera desde la incautación de noviembre de 2015, varias continuaron exportando hacia otros países.

La Oroza, cuyo representante legal es, desde 2019, Luis Ángel Ascensio Pomasunco, exportó entre 5 y 6,8 millones de dólares anuales en el periodo comprendido entre 2012 y 2015; mientras que, en los dos años posteriores, realizó envíos por menos de US$ 1 millón.

Hasta el 2014, un año antes del histórico operativo en el barco Yacu Kallpa, Estados Unidos era uno de los principales mercados internacionales de esta firma. Sin embargo, en octubre de 2017, el gobierno estadounidense prohibió el ingreso de madera de La Oroza a su territorio; y la firma ha reorientado sus actividades comerciales a los mercados de México, República Dominicana y China.

Pese a sus repetidas sanciones y a ser investigada por el presunto delito de tráfico ilegal de madera, Inversiones La Oroza también obtuvo, entre 2017 y 2019, cuatro contratos con el Estado por la suma total de S/ 22.800 (US$ 6.514). La empresa fue proveedora de madera seca para el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) forestal Maynas, en Loreto, que depende del Instituto Tecnológico de la Producción, una entidad adscrita al Ministerio de la Producción. Asimismo, en setiembre de 2017, La Oroza vendió escritorios de madera al Proyecto Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo.

Las otras empresas involucradas en el caso Yacu Kallpa son: Inversiones WCA E.I.R.L., Corporación Inforest MC S.A.C., Scavino Maderas E.I.R.L., Corporación Industrial Forestal S.A.C., Triplay Iquitos S.A.C., Sico Maderas S.A.C., Maderas Impregnadas Tropicales S.A.C., Madex E.I.R.L., Laminados y Manufacturas de Madera S.A.C., y Corporación Maderera Loreto S.A.C.

Inversiones WCA, cuyo representante legal, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), es William Castro Aramingo, pasó de exportar US$ 4,4 millones, en 2015, a US$ 1.5 millones el año siguiente, y US$ 630 mil, en 2019. En la actualidad sus principales mercados extranjeros son México, Puerto Rico y Chile. En julio de 2019, el gobierno de Estados Unidos prohibió el ingreso de producto forestal de esta empresa hacia su territorio, debido a sospechas de madera ilegal en su cadena de suministro.

 

Además de ser investigada por presunto tráfico de madera por el caso Yacu Kallpa y de estar bloqueada de exportar a Estados Unidos, Inversiones La Oroza ha sido sancionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), por extraer y movilizar madera no autorizada en una de sus concesiones. De acuerdo a las resoluciones a las que accedió OjoPúblico, la empresa fue multada en cinco oportunidades, entre 2013 y 2018, por infringir la ley forestal y su reglamento. La multa total asciende a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 35 mil (US$ 10 mil).  

La primera sanción se registró dos años antes de la incautación del caso Yacu Kallpa, en agosto de 2013. Según la resolución directoral Nº 318-2013-OSINFOR, se originó por la extracción y movilización de “recursos maderables no autorizados de cedro (91.124 m3) y cumala (23.585 m3)” y la tala de dos árboles semilleros. En dicha oportunidad la multa fue de 3.7 UIT, que ese año ascendió a S/ 13.690 (US$ 3.911); monto que fue cancelado por la empresa.

Dos años después, en agosto de 2015, La Oroza fue sancionada nuevamente con 2.2 UIT, por extraer y movilizar especies maderables (andiroba, tornillo y lupuna) sin tener autorización, y por talar árboles semilleros y otros recursos que no contaban con los diámetros mínimos para corte. La resolución directoral Nº 3412015- OSINFOR detalla además que, en esa ocasión, la empresa utilizó su concesión para transportar 252.010 m3 de madera no autorizada y utilizó sus guías de transporte forestal para “dar apariencia de legalidad” a recursos provenientes de árboles sin autorización.

La sanción incluyó, además, el impedimento para aprovechar tres unidades forestales de sus concesiones en Loreto. Sin embargo, la empresa presentó un recurso de reconsideración, que fue declarado fundado. De esta manera, La Oroza siguió aprovechando las 17.014 hectáreas de las tres unidades forestales contempladas en el pedido de caducidad de 2015.

En sus descargos, la empresa informó que canceló la multa por un valor de S/ 5.968 (US$ 1.705), correspondiente a 1.55 UIT, pues se le descontó el 30% por pronto pago. Ese año, una vez concluida la etapa administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto abrió una investigación preliminar contra la empresa por el presunto delito contra los bosques o formaciones boscosas (por extraer y transportar árboles sin autorización). Dicha investigación continúa hasta ahora, según conoció OjoPúblico. 

En  marzo de 2016, La Oroza volvió a ser multada con 2.1 UIT por extraer madera no autorizada (andiroba, lupuna y marupa), talar un árbol semillero y madera en volúmenes superiores a su plan de manejo, así como recursos forestales no autorizados. En esa oportunidad la sanción también se redujo a 1.48 UIT (S/ 5.846 ó US$ 1.670) por pronto pago.

Al año siguiente, la resolución 046-2016-OSINFOR advierte que la empresa volvió a usar guías forestales para dar apariencia de legalidad a volúmenes de madera que provenían de árboles sin autorización para el aprovechamiento forestal. Y alertó, además, que “la lupuna [uno de los recursos afectados] está dentro de la lista de especies amenazadas, por lo que su aprovechamiento sin criterios de manejo, pone en riesgo su existencia”.

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