Lula denuncia ante los BRICS que el negacionismo «está saboteando el futuro» del planeta
Por qué es tan importante el Estrecho de Ormuz y cómo podría afectar su cierre al comercio mundial
Qué significaría un posible cierre
Aunque Irán no es el principal exportador a través del Estrecho —ese rol lo desempeña Arabia Saudita— su ubicación geográfica le otorga un control estratégico sobre la vía. Si se concreta el cierre, los mercados asiáticos serían los más afectados, pero Estados Unidos también sufriría consecuencias: cerca de 2 millones de barriles diarios de crudo con destino al país pasan por esa ruta.
Especialistas anticipan un alza abrupta de precios. “El cierre del Estrecho podría provocar un aumento inmediato del 30 al 50% en los precios del petróleo”, explicó Marko Papic, estratega jefe de BCA Research a Newsweek.
“El precio del crudo podría superar los 100 dólares por barril, aunque no está claro cuánto tiempo se mantendría ese nivel”, agregó.
Greg Kennedy, director del Economic Conflict and Competition Research Group en el King’s College London, advirtió que el efecto no será solo regional. “No es un acto limitado al Golfo, tiene repercusiones estratégicas globales”, señaló.Por su parte, el analista Brian Krassenstein alertó que “si se cierra el Estrecho, el precio de la gasolina en Estados Unidos podría alcanzar entre 5 y 7 dólares por galón, dependiendo de la duración del bloqueo”.
Además del impacto directo en los consumidores, expertos prevén una ola de especulación, compras anticipadas y acaparamiento de reservas por parte de otros países. Esto podría generar una competencia feroz por el suministro restante, lo que elevaría aún más los costos.
La situación también podría desencadenar un efecto dominó en los mercados financieros.
Papic explicó que un shock petrolero de esta magnitud podría alterar el comportamiento de inversión de las empresas estadounidenses, impactar el gasto de capital y debilitar la confianza en la economía, afectando tanto al mercado laboral como al bursátil.
En medio de esta incertidumbre tras la medida adoptada por el Parlamento iraní, desde Washington, el vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió que sería “un suicidio” económico para el propio régimen iraní: “Toda su economía pasa por el Estrecho de Ormuz. ¿Por qué harían eso? No creo que tenga ningún sentido”.
En esa línea se pronunció el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien animó al régimen chino, aliado de Teherán, a interceder para evitar que la República Islámica bloquee el Estrecho.
“Animo al gobierno chino en Pekín a que les llame al respecto, porque dependen en gran medida del estrecho de Ormuz para su petróleo”, dijo en diálogo con Fox News. Y agregó: “Si lo hacen, será otro terrible error. Es un suicidio económico para ellos si lo hacen. Y tenemos opciones para afrontarlo, pero otros países también deberían tenerlo en cuenta. Perjudicaría a las economías de otros países mucho más que a la nuestra”.Incertidumbre y temor a una escalada de las tensiones
Tras los ataques a las instalaciones nucleares de Isfahán, Fordow y Natanz, Irán evalúa sus opciones. Mientras tanto, decenas de petroleros intentan salir del Estrecho, según alertó el inversionista Spencer Hakimian en X. “Hay cerca de 50 grandes buques tratando de abandonar la zona. La industria espera un bloqueo inminente”, escribió.
El Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia, por ejemplo, recomendó este domingo a los armadores del país que revisaran el uso del estrecho.Estrategias de diversificación petrolera
A pesar de la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el comercio global de crudo, varios países productores han tomado medidas para diversificar sus rutas de exportación y reducir su exposición a posibles bloqueos, según fuentes del sector.
Irán ha incorporado desde julio de 2021 una terminal petrolera en Jask, situada en el extremo oriental del Estrecho, que le da la posibilidad de enviar parte de su producción al extranjero sin transitar por la vía fluvial principal. Hacia finales del año pasado, los depósitos de esta nueva instalación comenzaron a almacenar crudo, dotando a Teherán de cierta flexibilidad operativa.
En el caso de Arabia Saudita, la opción de evitar el Estrecho de Ormuz y el sur del Mar Rojo queda sustanciada en un oleoducto de 1.200 kilómetros, que, atravesando el país, conecta regiones productoras con una terminal en el Mar Rojo para redirigir envíos hacia Europa.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos tiene la capacidad de enviar hasta 1,5 millones de barriles diarios a través de un conducto que transporta crudo desde sus campos petroleros hasta el puerto de Fujairah, sobre el golfo de Omán, al sur del Estrecho.Irak, desde el cierre de su oleoducto hacia el Mediterráneo, depende por completo de las instalaciones portuarias de Basora para exportar su petróleo, precisando necesariamente la utilización del Estrecho para todos sus envíos.
Mientras tanto, Kuwait, Qatar y Baréin carecen de alternativas y transportan todo su crudo por vía marítima a través de Ormuz. La mayor fracción del petróleo circulando por este punto de paso Fuente_ Infobae está destinada al mercado asiático.
Sin embargo, la coyuntura actual es inédita, y la comunidad internacional observa con atención.
El creciente conflicto con Israel y Estados Unidos reaviva el temor de una interrupción del tráfico marítimo. Un eventual bloqueo del Estrecho representaría no solo una crisis energética, sino también un desafío geopolítico de gran escala. Las próximas horas y días serán clave para determinar si se impone la diplomacia o se agudiza la confrontación.Fuente: INFOBAE
El nuevo reparto de África: 10 configuraciones para 2025
Myanmar
A mediados de 2024, el régimen
militar de Myanmar parecía tambalearse, para entonces los rebeldes se habían
apoderado de grandes extensiones de las tierras altas y de bases militares
clave. Desde entonces, China, temiendo un colapso incontrolable, lanzó un
salvavidas al líder militar Min Aung Hlaing. Pero la junta todavía se enfrenta
a una resistencia decidida. Unas elecciones en 2025, si se llevan a cabo según
lo previsto, traerán un mayor derramamiento de sangre.
La guerra civil que ha desgarrado
a Myanmar desde que los militares se tomaron el poder en 2021 ha hecho
retroceder al país décadas: más de tres millones de personas han sido
desplazadas internamente, los sistemas de salud y educación se han desmoronado,
la pobreza se ha disparado y la moneda de Myanmar, el kyat, se ha desplomado.A
finales de 2023, el ejército comenzó a perder terreno, en particular ante los
grupos armados étnicos que lo habían combatido durante décadas y, en algunos
casos, encontraron una causa común con nuevos grupos de resistencia. En el
norte, una coalición rebelde, la Alianza de las Tres Hermandades, capturó gran
parte del estado norteño de Shan, incluido el comando regional del ejército en
Lashio. China parece haber dado luz verde a la ofensiva, frustrada por la
incapacidad del régimen para frenar los centros de extorsión en las zonas
fronterizas. En otras partes, otros grupos rebeldes étnicos y fuerzas de
resistencia, percibiendo la debilidad del régimen, lanzaron sus propios
ataques.
En agosto, Beijing cambió de
táctica y apoyó a la junta. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi,
se reunió con Min Aung Hlaing en Myanmar por primera vez desde el golpe, y
Beijing envió aviones de combate del ejército y presionó a los grupos de la
Alianza para que se retiraran de áreas clave, en particular Lashio. El
presidente chino, Xi Jinping, culpa a la toma de poder por parte del régimen en
2021 de perjudicar las inversiones chinas en Myanmar y ve al propio Min Aung
Hlaing como contrario a China. Pero Xi ha preferido evitar la caída del régimen
a arriesgarse a que una administración con tendencias hacia Occidente tome el
poder. Beijing considera que el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por su siglas
en inglés) de la oposición y la mayoría de las fuerzas de resistencia son
títeres de Occidente.
Sin embargo, el ejército sigue en
la cuerda floja. El Ejército de Arakan, insurgentes étnicos del estado de
Rakáin, en el occidente de Myanmar, está cerca de expulsar al ejército de esa
región. En 2017, el ejército obligó a unos 750 000 rohingya a salir de Rakáin y
trasladarse al vecino Bangladesh. Ahora, los insurgentes rohingya han comenzado
a luchar contra el Ejército de Arakan, con la esperanza de crear su propio
enclave. Es probable que el deterioro de las relaciones entre las comunidades reduzca
aún más las perspectivas de retorno de los rohingya.
En otros lugares, otro grupo
rebelde, el Ejército de Independencia de Kachin, se ha apoderado de minas de
tierras raras, lo que le da el control del comercio de óxido de tierras raras
de Myanmar con China por $1400 millones de dólares. Estas minas son la mayor
fuente a nivel mundial de elementos de tierras raras pesadas, lo que da al
grupo una ventaja frente Beijing en su intento por obtener los considerables
ingresos que necesita para financiar sus operaciones militares y administrar su
territorio en expansión.
A cambio de su respaldo, China
insiste en que la junta celebre elecciones. Beijing ha querido que se celebren
elecciones desde el golpe, con la esperanza de diluir el poder de Min Aung Hlaing
y lograr una mayor estabilidad. Pero los comicios serían un violento caos. En
las condiciones actuales, una votación daría lugar a una administración
respaldada por los militares que gobernaría de acuerdo con la impopular
constitución de 2008 redactada por los militares. Sería tan aborrecida como el
régimen actual y probablemente no ofrecería ninguna visión de un futuro mejor.
Es poco probable que China cambie de rumbo; resulta difícil imaginar a Beijing
presionando para que se celebren negociaciones con el NUG, por ejemplo, las
cuales, en cualquier caso, serían rechazadas por la junta. Pero Beijing ganará
poco con unas elecciones que desencadenen más agitación, afiancen el régimen
militar y profundicen el sentimiento popular contra China.
Fuente: International Crisis Group
Diversos analistas señalan que se trata de una guerra por poderes entre Irán y Arabia Saudí. Como telón de fondo está un enfrentamiento sobre el poder regional, la presencia de grupos armados yihadistas en el este del país, el acuerdo nuclear con Irán y cuestiones como el petróleo, el gas y las inversiones saudíes y emiratíes en el extranjero, incluidas las que hacen para lavar su reputación (el sportwashing”).
Multitud de facciones responsables de atrocidades
El de Yemen es un conflicto que viene de largo en el que múltiples actores han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos presuntos crímenes de guerra.
El grupo armado Ansar Allah (también conocidos como los huzíes), respaldado por Irán, la coalición internacional saudí y emiratí que también incluyó en su momento a Jordania, Egipto y Kuwait, el gobierno yemení reconocido internacionalmente apoyado por los saudíes y emiratíes apoyadas por EE. UU. y Reino Unido, entre otros, el Consejo de Transición del Sur y las Fuerzas Conjuntas, milicias armadas y respaldadas por Emiratos.
Los orígenes del conflicto
Las hostilidades entre las partes en Yemen y la participación militar de Arabia Saudí en este país se remontan a la guerra civil que ha tenido lugar de forma intermitente en Yemen al menos desde 2004, cuando se produjeron, de forma intermitente, seis guerras, con sangrientos combates entre las tropas gubernamentales y Ansar Allah (“Seguidores de Dios”), el movimiento rebelde de los huzíes del norte de Yemen en la provincia de Sadá, fronteriza con Arabia Saudí, creado en los años 90 del siglo XX por miembros del clan Al Huzi para renovar el zaidismo, una rama del chiísmo.
En el sur de Yemen, decenas de miles de personas participaron en protestas esporádicas contra lo que percibían como una discriminación contra los habitantes del sur desde 2007, años después de la reunificación del país que, durante la Guerra Fría, había sido dividido en dos Estados. El gobierno respondió con una represión brutal a las demandas de secesión en el sur del país.
Entre agosto de 2009 y febrero de 2010 el gobierno yemení llevó a cabo una ofensiva militar, denominada "Tierra quemada", que supuso el despliegue de una fuerza militar sin precedentes contra los huzíes. Centenares de personas perdieron en la vida en los intensos bombardeos, documentados por Amnistía Internacional, en Sadá de fuerzas saudíes y yemeníes a finales de 2009 y principios de 2010 que causaron daños generalizados en viviendas y otros edificios civiles como mezquitas y escuelas, así como en industrias e infraestructuras locales.
Ahí empezó el largo y penoso historial saudí de violaciones de las leyes de la guerra, que no ha dejado de empeorar desde 2015. Por ese motivo AI se opuso entonces con éxito a una propuesta de venta de tanques a los saudíes por parte del gobierno español.
Tras las protestas por democracia de 2011 en Yemen, en plena Primavera Árabe, Amnistía pidió que se suspendieran las transferencias de armas y municiones a la policía yemení y a las fuerzas de seguridad, pues podrían utilizarse para ejercer una fuerza excesiva o letal en la vigilancia de las protestas a favor de la reforma.
En septiembre de 2014, el grupo armado Ansar Allah (los huzíes) tomó por la fuerza el control de la capital yemení, Saná. En febrero de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2201, que les pedía que retiraran sus fuerzas de las instituciones gubernamentales. El 26 de marzo de 2015 una coalición militar internacional inició su operación militar en Yemen e impuso un bloqueo naval y aéreo de facto a las zonas controladas por las fuerzas huzíes y del ex presidente Saleh.
La última tregua en Yemen auspiciada por las Naciones Unidas duró unos pocos meses de abril a octubre de 2022. A pesar de que no se pudo prorrogar, en varias regiones yemeníes se detuvieron las operaciones militares, en especial los ataques aéreos de las fuerzas de la coalición internacional, y la mayoría de los ataques terrestres de otras partes. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos esporádicos entre las partes en conflicto y la reducción de las actividades militares no se tradujo en una disminución de las violaciones cometidas. Así, aumentaron los incidentes con minas terrestres, explosivos y restos de material bélico coincidiendo con el regreso de las personas desplazadas internamente a sus zonas de origen.
Entre enero y el 30 de abril de 2022, los guardias fronterizos saudíes llevaron a cabo homicidios ilegítimos masivos de migrantes etíopes en la frontera yemení que causaron la muerte de aproximadamente 430 migrantes y lesiones a otros 650 en bombardeos y disparos transfronterizos. Estas prácticas pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Los guardias habían recibido formación del ejército estadounidense entre 2015 y 2023. El informe del Grupo de Trabajo sobre Arabia Saudí para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluía sendas recomendaciones de EE.UU. y Austria que pedían una investigación y rendición de cuentas sobre estos homicidios.
Durante 2023, la organización independiente yemení de derechos humanos Mwatana for Human Rightsdocumentómás de 1.100 incidentes de violaciones cometidas por diversas partes en conflicto en Yemen que causaron la muerte de 161 civiles y lesiones a 355 civiles, incluidos ataques ilegítimos, restricciones a la libertad de circulación y al acceso humanitario; detenciones arbitrarias y desplazamientos internos forzados. Según el análisis de AI sobre Yemen para el Examen Periódico Universal al que se someterá en la ONU en 2024, continúan las violaciones en medio del conflicto.
A finales de diciembre de 2023, el Enviado Especial del secretario general de la ONU celebró el compromiso de las partes para aplicar un alto el fuego en todo el país, mejorar las condiciones de vida en Yemen y reanudar un proceso político integrador bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La ONG Mwatana lo celebró como un paso sin precedentes hacia la paz.
MARZO 14 DE 2025
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